Xalapa, Veracruz, México
05 de agosto de 2026
QUE Noticias
Movimiento Ciudadano (MC) acusó al Gobierno de Veracruz de ejercer una supuesta persecución política y de utilizar de manera selectiva a las instituciones de procuración de justicia, luego de que el Congreso del Estado iniciara el trámite para analizar las solicitudes de declaración de procedencia (desafuero) contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste.
El coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, informó que acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas de protección, al considerar que existe una intromisión arbitraria en contra de los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano.
En un posicionamiento público, el dirigente nacional sostuvo que su partido no permitirá la judicialización selectiva de sus autoridades municipales y afirmó que, tras los conflictos poselectorales registrados en municipios como Papantla y Poza Rica, el gobierno estatal busca presionar y cooptar a alcaldes de oposición.
Máynez aseguró que incluso la gobernadora de Veracruz señaló públicamente a un presidente municipal como presunto delincuente para posteriormente integrarlo a las filas de Morena mediante presiones y amenazas, situación que calificó como una práctica de persecución política.
No obstante, Movimiento Ciudadano reiteró que mantiene una política de cero tolerancia a la impunidad y sostuvo que cualquier servidor público que haya cometido un delito debe ser investigado y, en su caso, sancionado conforme a la ley, al señalar que ningún cargo de elección popular representa un privilegio frente a la justicia.
El partido consideró preocupante que, en medio de la crisis de violencia y desapariciones que enfrenta Veracruz, las autoridades actúen con rapidez en los casos relacionados con actores de oposición, mientras que, según su postura, persiste una respuesta insuficiente frente a otros delitos de alto impacto.
Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado actuar con plena autonomía, neutralidad y respeto al debido proceso, así como garantizar la presunción de inocencia durante las investigaciones.
Asimismo, pidió que los procedimientos legales contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste continúen sin sesgos políticos ni linchamientos mediáticos y exhortó a los cabildos de ambos municipios a garantizar la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad institucional mientras se desarrollan los procesos.