La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, terminó por desmarcarse del delito de terrorismo imputado a un reportero de nota roja encarcelado en Coatzacoalcos, al negar públicamente que en la entidad exista ese fenómeno y al reconocer que incluso será necesaria una reforma al Código Penal para corregir el uso de esa figura.
Las declaraciones de este día difieren con la postura asumida inicialmente por el gobierno estatal, cuando la Fiscalía General del Estado, anunció los cargos y Nahle respaldó abiertamente a la fiscalía que encabeza la recién llegada Lisbeth Aurelia Jiménez en su actuación ministerial.
Hoy, sin embargo, el discurso cambió: ya no hubo defensa del delito ni justificación jurídica, sólo una negación tajante: “en Veracruz no hay terrorismo”.
Esto ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la acusación y señalara que, nunca antes se había encarcelado a alguien por terrorismo en México, evidenciando el exceso y la desproporción del caso.
Ahora, la gobernadora no sólo reconoce la inviabilidad del cargo, sino que plantea modificar la ley, una admisión implícita de que la Fiscalía forzó la interpretación del Código Penal para sostener una acusación inédita y altamente cuestionada.
Todo indica que en las próximas horas el delito de terrorismo será retirado del expediente, aunque el reportero seguiría preso por otros cargos, lo que para organizaciones y periodistas confirma que el fondo del problema persiste: el uso del aparato penal para castigar y disuadir el ejercicio periodístico, aun cuando se reconozca públicamente el error en la imputación más grave.