¿QUIÉN JUZGARÁ A LOS JUZGADORES?
Por Si Estaban Con El Pendiente Quetzalli Carolina Vázquez
El primero de septiembre, en una ceremonia que busca proyectar legalidad, los nuevos integrantes del Poder Judicial rinden protesta, no como muestra de renovación democrática e independencia judicial sino como cierre de una operación donde se simuló un proceso legítimo que, en el fondo, se sostuvo sobre las viejas prácticas de acarreo, clientelismo y control político, solo que ahora con nuevas herramientas, entre ellas las digitales.
En el caso de Veracruz, a lo largo de los últimos meses, el propio Poder Judicial —sí, la institución llamada a velar por la legalidad— se convirtió en operador de una estructura que recopiló, ilegalmente, datos personales de la ciudadanía a través del sitio web “Proyecto Ciudadano 2025” financiado con recursos públicos.
Candidatos participantes en la elección judicial registraron CURP, credenciales de elector, teléfonos, secciones electorales y otros datos de ciudadanos que, supuestamente acudirían a las urnas; esa base de datos sirvió para construir campañas dirigidas, manipular percepciones, alinear voluntades al interior del sistema judicial y la diferencia con el acarreo tradicional fue el uso de las tecnologías.
Varios de los jueces y magistrados que a partir de 1 de septiembre fungirán como autoridades fueron partícipes —por acción u omisión— de este entramado y, eso levanta una pregunta incómoda: ¿puede alguien impartir justicia con legitimidad después de haber alcanzado el cargo mediante un mecanismo corrupto? ¿Puede construirse un sistema judicial fuerte cuando su base es la simulación?
En Veracruz, la farsa incluyó un intento de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lizbeth Aurelia Jiménez, por colocar a sus fichas dentro del nuevo mapa de poder judicial tanto estatal como federal, apostó todo a una continuidad disfrazada de renovación pero…no le salió del todo bien y aunque sí logró colocar a varios, Rosalba Hernández —quien asegura no apareció en ningún acordeón— le ganó la partida, aunque el triunfo no representó un cambio profundo, sino un reacomodo de piezas dentro del mismo tablero amañado dónde la gobernadora Rocío Nahle no será quien controle al 100% el poder judicial dado que la presidenta no es de su grupo porque, aún cuando Nahle García asegure que en su gobierno no hay grupos, la realidad es otra.
El hecho de que el poder judicial haya utilizado un sistema digital que por cierto mostró errores como coincidentemente los mostró el sistema de conteo del OPLE Veracruz: fallas técnicas y falta de transparencia, muestra que se trató de una estrategia sistemática, lo digital ha dejado de ser sinónimo de modernización; ahora es la nueva máscara del fraude.
Los participantes de ese “acarreo virtual” registraban diariamente a sus supuestos votantes y en esa plataforma se observaba el “avance” de cada candidatura por municipio, distrito y sección.
“Quien tenga pruebas que denuncie ante la fiscalía” respondió la nueva presidenta del Poder Judicial en Veracruz Rosalba Hernández, cuando le fue expuesto el caso, como si denunciar fuera sinónimo de justicia
¿Cuántas denuncias fueron interpuestas por la aparición de acordeones? ¿Cuántas prosperaron? Si fueron capaces de manipular y tomar acuerdos en los obscurito para arrebatar triunfos de candidatos por así convenir a los intereses institucionales ¿Podríamos esperar una investigación judicial en el caso de la intromisión del propio Poder Judicial en la elección? Obviamente no.
Que este proceso electoral judicial haya sido manipulado, lamentablemente, ya no sorprende, lo que sorprende es la normalización, el silencio de los testigos e involucrados, la aceptación resignada de que, incluso en el Poder Judicial, las reglas del juego están hechas para simular que hay reglas.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando algo tan elemental como improbable: justicia; porque no se puede hablar de Estado de Derecho cuando muchos de los que lo representan llegarán ahí manchados de ilegitimidad, no se puede hablar de imparcialidad cuando el sistema se diseñó para premiar obediencias y castigar disidencias.
El nuevo Poder Judicial de Veracruz no arrancará con fuerza moral, ni con solvencia ética, arrancará con deuda, una deuda profunda con la legalidad, con la transparencia y con la ciudadanía.
Y mientras no se reconozca esa mancha de origen, la toga seguirá arrastrando el polvo de la simulación.
¿Cuántos de los nuevos jueces y magistrados fueron participes del proceder ilegal del Poder Judicial en las campañas judiciales?
¿Se puede confiar en ellos como impartidores de justicia?
¿Cuántos de los que ostentarán el poder participaron en esto? 
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