CON MENTIRAS, OCULTAMIENTO Y FAVORITISMO: ASÍ ACCEDIÓ MARÍA TERESA LÓPEZ GONZÁLEZ AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL EN VERACRUZ.
Por Si Estaban Con El Pendiente Quetzalli Carolina Vázquez
La Magistrada electa integrante del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de Veracruz, María Teresa López González, no cumple con los requisitos legales para ocupar dicho cargo; falseó información, presentó documentos cuestionables y simuló residencia y experiencia profesional, con el objetivo de acceder ilícitamente a un puesto de alta responsabilidad en el sistema judicial veracruzano.
Los hechos y las pruebas evidencian que, María Teresa López González mintió para obtener una candidatura que no le correspondía consiguiendo una postulación ilegítima y mediante acciones fraudulentas pero con el respaldo del Comité de evaluación y del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, consiguió obtener la candidatura y posteriormente la magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial.
Uno de los requisitos constitucional para ostentar el cargo exige residencia efectiva de cinco años en el estado de Veracruz. La candidata, al no ser originaria del estado, debía probar este requisito y la información debería observarse en el micro sitio del organismo electoral sin embargo esto no se puede validar ya que su credencial de elector se encuentra completamente testada —sin foto, nombre ni fecha de nacimiento— imposibilitando la verificación pública.
Este ocultamiento, realizado por el OPLE evidencia el apoyo institucional que tuvo la candidata y el trato diferenciado para con otras candidaturas a quienes les dejó completamente visible la credencial de elector en el sitio donde se accede a información de las candidaturas, rompiendo con el principio de equidad y transparencia, y sugiriendo una intención clara de esconder información clave para demostrar elegibilidad.
Aunado a lo anterior, está plenamente acreditado que entre 2019 y 2020 la ahora magistrada cursó una Maestría presencial en Derecho Público en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y que entre 2022 y 2023 trabajó en esa misma ciudad, como lo demuestra la apertura de oficinas del despacho DZ & Asociados en dicha localidad, donde ella misma afirma haber prestado sus servicios por lo que lógicamente no vivió en el estado de Veracruz.
El segundo requisito constitucional para desempeñar el cargo es acreditar cinco años de experiencia profesional en materia jurídica afín, específicamente relacionada con responsabilidades administrativas y en este tema también hay mentiras evidentes.
López González dijo haber trabajado de 2012 a 2016 en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, pero solo comprobó una designación temporal por tres meses en 2015 como auxiliar administrativo, cuando aún no era abogada titulada.
Aseguró haber trabajado en el Poder Judicial de la Federación en 2016 y 2017, pero solo figura un nombramiento de dos meses como interina en un juzgado mercantil.
Se ostentó como catedrática titular del Colegio de Veracruz hasta la actualidad, pero registros oficiales prueban que dejó ese cargo en febrero de 2023.
Aportó como prueba de su trabajo como abogada litigante un contrato firmado por su propio esposo, titular del despacho DZ & Asociados, lo que representa un evidente conflicto de interés y carece de objetividad. Aún más, no existe constancia de que haya litigado caso alguno en tribunales administrativos o judiciales del estado.
El caso se acompaña por una evidente negligencia —o posible complicidad— del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) pues esta autoridad validó documentos inconsistentes, omitió revisar información clave y permitió el ocultamiento de datos públicos.
Mientras a otras aspirantes se les exigieron todos los requisitos conforme a derecho, a López González se le permitió mentir, simular y presentarse como una candidata “idónea” cuando no lo fue y lo más grave es que se le otorgó la constancia como candidata electa e integrante del Tribunal de Disciplina Judicial.
María Teresa López González no sólo no cumple con los requisitos legales, sino que mintió, manipuló y ocultó información para conseguir un cargo que la ley le prohíbe ocupar y fue designada dejando de lado los perfiles de quienes sí cumplieron con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley.
Frente a las pruebas contundentes y las irregularidades documentadas, el pasado 5 de julio fue presentado ante el Organismo Público Local un recurso de inconformidad que debió turnarse al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) en el que se exige declarar la inelegibilidad inmediata de María Teresa López González, anular la constancia de mayoría emitida a su favor y dar vista a la autoridad competente en materia de transparencia y protección de datos, por el trato desigual y ocultamiento indebido de información pública.
De igual forma el recurso pide que, se solicite al Instituto Nacional de Migración un informe detallado de los movimientos migratorios de la ahora magistrada, para verificar si también abandonó el país durante el periodo en que debía residir en Veracruz, pues hay datos que llevan a sospechar que, incluso, radicó por un tiempo fuera de México.
Basados en la información que se encuentra integrada en el expediente, la candidatura y nombramiento como magistrada de María Teresa López González son ilegítimos y con ellos nuevamente la actuación del OPLE queda en entredicho, mina la confianza pública y se suma a las actuaciones irregulares que se han evidenciado en diversas ocasiones y por las cuales la permanencia de la consejera presidenta Marisol Delgadillo Morales está en revisión pues es insostenible.
Cabe mencionar que en una situación similar se encuentra otra candidatura del mismo tribunal que también ha sido impugnada ante las instancias correspondientes.
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