—La Asociación de Industriales de Veracruz advierte que cuestionar decisiones patrimoniales de empresas privadas debilita la certeza jurídica. —Atribuye la crisis del ingenio a importaciones, contrabando y pérdida de mercado
Xalapa, Veracruz, México
17/08/2026
Quetzalli Carolina Vazquez/ QUE Noticias
La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz A.C. (AIEVAC) salió en defensa del Grupo Porres; fijó una postura que revita los cuestionamientos que la gobernadora Rocío Nahle ha hecho al empresario por la decisión de suspender operaciones.
En un comunicado institucional, la organización empresarial exigió respeto a la libertad de empresa y certeza jurídica, al tiempo que sostuvo que las decisiones corporativas y financieras de las compañías privadas pertenecen a su ámbito reservado.
La postura ocurre después de que Nahle cuestionara públicamente la decisión de Grupo Porres de cerrar el ingenio, calificara como irresponsable no haber informado previamente al Gobierno estatal y planteara incluso la posibilidad de que otro empresario asumiera la operación del ingenio si el grupo ya no quería continuar.
La AIEVAC rechazó que la suspensión de operaciones del Ingenio sea consecuencia de una actuación irresponsable de Grupo Porres; afirmó que la decisión responde a diagnósticos técnicos y a la severa presión económica que enfrenta actualmente la agroindustria azucarera.
La asociación señaló como factores de la crisis la importación de azúcar extranjera, el llamado contrabando técnico y el desplazamiento del consumo hacia otros endulzantes, condiciones que, aseguró, han reducido los márgenes de rentabilidad de las plantas procesadoras en el país.
Aunque el Gobierno estatal insiste en encontrar una salida para evitar el cierre, la AIEVAC sostiene que la viabilidad económica de una empresa privada debe ser el punto de partida para entender su decisión.
Cabe recordar que Nahle García ha advertido sobre las afectaciones que el cierre tendría para miles de familias vinculadas directa e indirectamente con la actividad azucarera.
En ese sentido, el comunicado también puntualiza que su socio está cumpliendo de manera plena y transparente con sus compromisos, liquidaciones y derechos adquiridos de los trabajadores, conforme a la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos.
La AIEVAC plantea que ante una crisis de esta naturaleza el papel de las autoridades debe ser el de “agente facilitador”, mediante incentivos tributarios, energéticos, de competitividad e infraestructura que permitan recuperar la viabilidad de las cadenas productivas.
Es decir, la asociación empresarial propone que el Gobierno genere condiciones para que las empresas puedan continuar operando, pero advierte contra trasladar a la iniciativa privada responsabilidades o exigencias que excedan el marco legal.
En las últimas horas, Rocío Nahle ha endurecido su postura frente a Grupo Porres; el 13 de agosto, durante una visita al ingenio, la mandataria afirmó que buscarían “forzarlos” a tomar una definición sobre el futuro de la factoría.
El pronunciamiento de AIEVAC no sólo representa un respaldo a Grupo Porres, también constituye una defensa del principio de libertad empresarial frente a la intervención del poder público.
La organización advirtió que establecer precedentes de fiscalización o señalamiento público sobre decisiones patrimoniales de compañías privadas puede debilitar el clima de negocios y la certidumbre que requiere Veracruz para atraer y conservar inversiones.
Al final, el mensaje es directo: el desarrollo económico de Veracruz, sostiene AIEVAC, debe construirse en alianza con la iniciativa privada, con reglas claras, respeto a las instituciones y certeza para quienes invierten, generan empleos y cumplen con la ley.
Es así como, tras declaraciones de diversas partes, el conflicto por el Ingenio San Pedro escaló al punto de cuestionar hasta dónde puede llegar la intervención del Gobierno frente a las decisiones de una empresa privada.