Carlos Sedano
Diagnostico e información
Este análisis da seguimiento a lo que presenté sobre el programa gubernamental del miércoles, Derecho de Réplica. Ahora parto de la conversación completa entre Luisa María Alcalde y Joaquín López-Dóriga, porque al confrontar ambas intervenciones aparece algo todavía más interesante, no suenan exactamente igual la presentación del programa del gobierno y la explicación que Alcalde ofrece cuando un periodista señalado puede preguntarle directamente. Ver la entrevista completa https://www.youtube.com/watch?v=nqMfkAg6mA8
En la presentación gubernamental se construyó un “ecosistema digital” compuesto por diferentes capas: medios y comentaristas, trolls, cuentas anónimas y bots. La idea central era que determinados contenidos surgidos de medios y periodistas eran retomados, editorializados y amplificados hasta producir narrativas coordinadas contra la 4T. El problema que señalé entonces sigue siendo fundamental: una cosa es demostrar amplificación y otra demostrar coordinación, financiamiento y responsabilidad.
Ahora escuchemos a Alcalde frente a López-Dóriga. Ahí introduce una precisión decisiva: dice que los periodistas y medios no forman parte de la operación, no reciben pagos y no está afirmando que coordinen a los bots. Explica incluso que un troll puede tomar una noticia de un periodista, descontextualizarla, agregarle una frase o un hashtag y convertirla en otra cosa.
Y entonces surge una pregunta todavía más fuerte que la del miércoles: si esto es así, ¿por qué colocar los nombres de esos periodistas dentro del mapa?
Porque la propia explicación de Alcalde modifica la relación causal. Si Joaquín publica A y posteriormente miles de cuentas convierten A en B, la conducta que debería investigarse es la de quienes realizaron esa transformación y coordinaron su difusión, no la del periodista que produjo el contenido original.
La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando Alcalde sostiene que detrás de aproximadamente medio millón de cuentas existe una estrategia “impulsada y financiada”. López-Dóriga hace entonces la pregunta que faltaba: ¿quién la impulsa?
Alcalde responde: “no te podría yo decir quién”.
Ahí cambia todo.
Porque ya no estamos discutiendo si existen bots. Seguramente existen y pueden utilizarse para manipular artificialmente una conversación. La pregunta seria es otra: ¿cómo sabe el gobierno que esas cuentas están coordinadas?, ¿cómo determinó que alguien las financia?, ¿quién las financia?, ¿quién las dirige y con qué evidencia puede atribuirles una finalidad política común?
La entrevista deja además una contradicción metodológica extraordinaria. López-Dóriga afirma que él mismo ha sido víctima de bots vinculados, según él, con operadores del gobierno anterior. Alcalde inmediatamente pone el freno: dice que no tienen evidencia de que eso haya sucedido.
Estoy de acuerdo con Alcalde: sin evidencia no debería atribuirse una red de bots al gobierno.
Pero exactamente la misma regla debe valer para el gobierno.
No se puede exigir evidencia cuando alguien acusa a la 4T y sustituirla por inferencias cuando la 4T acusa a sus adversarios. Si afirmar que existen bots gubernamentales exige pruebas, afirmar que existe una operación internacional financiada para atacar a la 4T también las exige.
Y aquí aparece, para mí, lo más inquietante al confrontar ambos discursos.
Después de la presentación y de esta entrevista seguimos sin conocer quién paga la supuesta operación, quién la dirige y quién coordina ese medio millón de cuentas. Pero conocemos perfectamente los nombres de periodistas y medios cuyos contenidos son utilizados por esas cuentas.
Es una inversión bastante extraña de las prioridades de una investigación.
El Estado no identifica al presunto operador, pero sí identifica públicamente al crítico.
Por eso mi preocupación después de escuchar a Alcalde no disminuye. Aumenta. Porque su explicación permite comprender mejor la fragilidad del razonamiento original: haber sido citado, retomado o amplificado por una red no demuestra pertenecer a ella. Asociación no significa coordinación. Amplificación no significa complicidad. Y crítica al gobierno no significa ataque organizado contra el Estado.
Si el gobierno realmente descubrió una operación de medio millón de cuentas financiadas para manipular la conversación pública, que presente la metodología, las evidencias, los patrones de coordinación y, sobre todo, a quienes la financian y operan. Eso sería información de enorme interés público.
Cuando el gobierno no puede decir quién financia, coordina y dirige los 500 mil bots, pero sí puede poner nombre y rostro a los periodistas que lo critican, algo está al revés. Ya no estamos ante un simple análisis de redes: estamos ante el poder clasificando a sus críticos. Y cuando el Estado empieza a hacer mapas de quienes lo incomodan antes de demostrar quién conspira contra él, el problema ya no son los bots. El problema es quién tiene el poder de hacer la lista