—Documenta omisiones y fallas institucionales en los asesinatos de ocho personas vinculadas al periodismoEntre 2010 y 2016, prácticamente un periodista fue asesinado cada 3 meses
Xalapa, Veracruz, México
10/08/2026
Krista Armenta | QUE Noticias
La impunidad en los crímenes contra periodistas en Veracruz no fue resultado de errores aislados, sino de un patrón institucional que permitió que los asesinatos permanecieran sin esclarecerse, advirtió Propuesta Cívica durante la presentación en Xalapa de su informe “Prohibido investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”.
El documento, presentado este lunes en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, analiza la violencia contra la prensa durante el periodo 2010-2016 y concluye que las investigaciones ministeriales estuvieron marcadas por omisiones, deficiencias y líneas de investigación que no permitieron conocer de manera integral qué ocurrió con las víctimas.
Propuesta Cívica reconstruyó tres hechos delictivos que dejaron ocho personas asesinadas, y revisó las actuaciones tanto de las fiscalías estatales como de la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República.
Entre las víctimas se encuentran el periodista Miguel Ángel López Velasco, “Milo Vela”, su esposa Agustina Solana Melo y su hijo, también periodista, Misael López Solana; además de Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
El informe ubica los casos dentro de un contexto de violencia, corrupción y macrocriminalidad, entendida por la organización como la interacción entre estructuras de gobierno, empresas y grupos criminales que pueden generar mecanismos de captura institucional.
De acuerdo con la investigación, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fueron asesinados 18 periodistas, mientras que Veracruz acumuló hasta 2025 un total de 31 periodistas asesinados, de acuerdo con los datos citados por Propuesta Cívica de Artículo 19.Uno de los principales señalamientos del informe es que las autoridades investigaron los homicidios de manera fragmentada, sin considerar suficientemente el contexto de violencia contra la prensa ni la posible existencia de estructuras criminales y complicidades institucionales.
Propuesta Cívica sostiene que las fallas detectadas no fueron excepcionales, sino estructurales y que la impunidad terminó funcionando como una forma de administración institucional que permitió la continuidad de la violencia.En uno de los expedientes analizados, de los casos de Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Ana Irasema Becerra, la organización detectó, entre otras irregularidades, cronologías incompatibles que no fueron suficientemente corroboradas mediante diligencias telefónicas.
También documentó la reutilización de material audiovisual proveniente de otras investigaciones y una narrativa basada en declaraciones que vinculaban a algunos periodistas con la delincuencia organizada, sin que —según el análisis del expediente realizado por Propuesta Cívica— existieran elementos suficientes para establecer esas relaciones.
El informe también señala el hallazgo de documentos personales de víctimas que, de acuerdo con el análisis realizado, no tuvieron el seguimiento necesario.Para Propuesta Cívica, la dimensión de la violencia resulta todavía más grave al observarse el periodo en conjunto.
El informe señala que, entre 2010 y 2016, en promedio un periodista fue asesinado cada tres meses en Veracruz; la organización sostiene que esa frecuencia permite observar un patrón de violencia y no una sucesión de hechos aislados.
La investigación también cuestiona la respuesta institucional frente a estos crímenes y plantea que el Estado tenía la obligación de investigar de manera efectiva, garantizar el derecho a la verdad y combatir la impunidad.Por ello, Propuesta Cívica plantea como parte de sus conclusiones la necesidad de reconocer la dimensión estructural de los crímenes, investigar las posibles redes de complicidad y garantizar verdad, justicia y medidas de no repetición para las víctimas y sus familias.
Durante la presentación participaron familiares de periodistas asesinados, quienes reclamaron que los casos no sean considerados asuntos del pasado y que las autoridades retomen las investigaciones para esclarecer quiénes ordenaron y ejecutaron los crímenes.
El encuentro fue coorganizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y contó con la participación de académicos, familiares de víctimas y representantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
El informe “Prohibido investigar” advierte que la violencia contra la prensa no solamente afecta a las víctimas directas, sino que tiene consecuencias sobre el derecho de la sociedad a estar informada.
Para Propuesta Cívica, mientras los asesinatos de periodistas permanezcan en la impunidad, el mensaje para quienes ejercen el periodismo es que investigar, denunciar y publicar información puede tener un costo que las instituciones no han sido capaces de evitar ni sancionar.Más de una década después de varios de estos crímenes, las familias continúan esperando respuestas.